En 2009 escribí mi primera nota sobre los principios del ecuador llamada Principios del Ecuador: Financiación de proyectos ambientales, en ella explico de manera general en qué se basan estos principios y el alcance de su aplicación en la financiación de proyectos.
En 2013 escribí la entrada Entendiendo los Principios del Ecuador. Otro paso hacia el capitalismo consciente, donde expliqué la existencia de entidades financieras que adoptan estos principios para financiar proyectos, también denominadas EPFI (Equator Principles Financial Institutions). Es interesante notar que en ese entonces existían 78 EPFIs a escala mundial y hoy son 108 de las cuales 12 los adoptaron entre 2019 y 2020.
Lo anterior significa que hay una preocupación creciente por involucrar el tema ambiental en la financiación de los proyectos y con ella una necesidad de generar reportes a las entidades que les permita tomar decisiones al respecto.
En este sentido, al reporte reporte donde se analiza un proyecto desde estos principios para una EPFI se denomina Debida Diligencia Ambiental y Social (DDAS). De acuerdo con los Lineamientos para el Estudio de Debida Diligencia Ambiental y Social (un documento muy sucinto y concreto de tres hojas ) elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Mexico y Bancomext la DDAS es:
El alcance del estudio de Debido Diligencia (DD) Ambiental y Social es presentar los resultados de la evaluación del proyecto conforme a los estándares y marco regulatorio en el rubro ambiental y social, así como evaluar los riesgos, detectar las brechas del proyecto y las recomendaciones apropiadas para cumplir, y especificar las licencias y/o permisos con los que cuentan y los que están en proceso de obtenerlos. Las brechas se abordarán a través de un Plan de Acción de los Principios del Ecuador (PA).
Y establece un alcance para cada principio.
Por su parte, la OCDE en 2018 publicó la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, un documento más extenso que busca contribuir a que las empresas implementen las recomendaciones en materia de debida diligencia recogidas en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, así como en la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT. Esta guía es más una metodología para incorporar la DDAS como un instrumento de manejo ambiental y social dentro de la empresa.
En Colombia a este estudio se le denomina ARAS (Administración de Riesgos Ambientales y Sociales). En 2017 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con Asobancaria y diversos bancos y EPFI de Colombia publicaron la Guía General de Implementación de ARAS, sus objetivos y alcances son los siguientes:
- Objetivos: Ofrecer una orientación práctica a las entidades financieras para el diseño e implementación de un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales, aplicable a sus operaciones de crédito e inversión en Colombia, contribuyendo a la sostenibilidad de los sectores. Recopilar las políticas generales, metodologías y los procedimientos que podría contener un sistema que permita gestionar los riesgos ambientales y sociales en las operaciones de las entidades financieras.
- Alcance: Recopilar las políticas generales, metodologías y los procedimientos que podría contener un sistema que permita gestionar los riesgos ambientales y sociales en las operaciones de las entidades financieras.
En Internet se puede encontrar mucha información sobre este tema. A este respecto, uno esperaría que las consultorías que realizan este tipo de análisis vayan en línea con estos lineamientos y que cuenten con herramientas que permitan la toma de decisiones, documentos estratégicos y planes de acción concretos. No obstante, esa no parece ser la situación. En otra entrada les contaré mi experiencia elaborando uno de estos estudios y un análisis de lo que tuve que realizar, frente a lo que considero debió entregarse, así como mi perspectiva de este tipo de estudios.
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